Reseña

El amparo contra resoluciones judiciales constituye un mecanismo constitucional destinado a la protección de los derechos fundamentales frente a decisiones jurisdiccionales arbitrarias. No obstante, en la práctica judicial peruana, especialmente en el Distrito Judicial de Huancayo, su uso ha generado controversias respecto a su eficacia y a su posible incidencia en la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en particular cuando se invocan causales como la motivación aparente o sustancialmente incongruente. Objetivo general: Analizar cómo se interpone y resuelve el amparo contra resoluciones judiciales en el Distrito Judicial de Huancayo y determinar si dicho mecanismo vulnera el derecho a la debida motivación de las decisiones judiciales. Metodología: La investigación fue de tipo básico, con enfoque jurídico-social y nivel descriptivo. Se empleó un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 30 operadores jurídicos (jueces, fiscales, docentes universitarios y abogados litigantes), seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional. Se utilizaron como técnicas la encuesta estructurada y el análisis documental, aplicándose estadística descriptiva para el procesamiento de datos. Resultados: Los resultados evidencian que el 76,7 % de los encuestados considera que el Estado protege la tutela procesal efectiva, mientras que el 73,3 % afirma que existe desprotección de los derechos fundamentales. Asimismo, el 86,7 % sostiene que la debida motivación genera protección legal en la administración de justicia, y el 80,0 % reconoce que los derechos fundamentales garantizan la tutela procesal efectiva. Conclusiones: Se concluye que, si bien el amparo contra resoluciones judiciales es percibido como una garantía frente a la arbitrariedad judicial, su aplicación presenta limitaciones que pueden derivar en vulneraciones al derecho a la debida motivación, evidenciando la necesidad de un uso más restrictivo y técnicamente fundamentado de este mecanismo constitucional.