Reseña

Desde que la Ley de Arbitraje y Mediación estableció la posibilidad de que las controversias contractuales de la Administración Pública se resuelvan por la vía arbitral, se han presentado una serie de dificultades derivadas de la utilización, por parte del sector público, de un instrumento desarrollado para las relaciones entre privados. Diferentes puntos de vista se han presentado en relación con temas como la posibilidad de que los árbitros se pronuncien sobre actos administrativos de ejecución contractual, la aplicación de la reserva a entidades sometidas al principio de publicidad, el dictamen previo de la Procuraduría General del Estado, el plazo para plantear la acción o la aplicación de medidas cautelares.
Este libro aborda esos problemas, centrándose fundamentalmente en el ámbito del arbitraje nacional, y llama la atención sobre la necesidad de tomar en cuenta las particularidades del derecho administrativo y, al mismo tiempo, apartarse, tanto de la utilización dogmática de los conceptos, como de la vieja idea de inmunizar a la Administración del control de autoridades que no sean las administrativas.