Reseña

La ejecución coactiva constituye una de las manifestaciones más significativas de las prerrogativas reconocidas a la administración pública dentro del Estado contemporáneo. A través de esta potestad, determinadas entidades públicas pueden exigir el cumplimiento forzoso de obligaciones a su favor sin necesidad de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria, configurándose así una expresión particular de la autotutela ejecutiva administrativa. Esta facultad, aunque orientada a garantizar la eficacia de la gestión pública y la satisfacción del interés general, plantea importantes desafíos en materia de legalidad, control del poder y protección de los derechos de los administrados.
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, la ejecución coactiva ha experimentado una evolución significativa, especialmente a partir de la entrada en vigor del Código Orgánico Administrativo, cuerpo normativo que estableció un régimen general destinado a sistematizar el ejercicio de esta potestad y a fortalecer las garantías procesales de los ciudadanos. Sin embargo, la coexistencia de múltiples regímenes especiales y la dispersión normativa existente continúan generando debates doctrinarios y dificultades prácticas que justifican un estudio integral de la materia.