Reseña

La Constitución de la República (CRE) otorga a las altas cortes de justicia la atribución de emitir jurisprudencia vinculante, tanto para sí mismas, como para juezas y jueces de instancias inferiores, siempre y cuando concurran ciertas formalidades establecidas en la propia Constitución y la ley.

En el caso de la Corte Constitucional del Ecuador (CCE), el artículo 436, en sus numerales 1 y 6 de la Constitución, así como artículo 2, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) le otorgan la atribución de emitir jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, incumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como en los casos seleccionados por dicho órgano para su revisión.

Asimismo, según el artículo 184, numeral 2 de la CRE, corresponde a la Corte Nacional de Justicia “[d]esarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración”.

En el ámbito de la justicia electoral, el artículo 221 de la CRE dispone que los fallos dictados por el Tribunal Contencioso Electoral “constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e inmediato cumplimiento”.

La asignación constitucional de tales atribuciones, y en general, la racionalidad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, implica que cada vez que una autoridad judicial dicte una sentencia, se encuentra obligada a resolver futuros casos del mismo modo, siempre y cuando estos compartan los mismos elementos relevantes de aquellos casos que fueron anteriormente resueltos.

Si la autoridad judicial decide distinguir o revertir un criterio jurisprudencial previamente establecido, deberá argumentar de forma motivada las razones por las cuales este es erróneo, lo cual coadyuvaría a la vigencia de los derechos constitucionales.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Corte Constitucional se ha referido al precedente judicial en distintos contextos. Por medio de sus decisiones, se ha embarcado en el proyecto de sentar bases para construir una doctrina ecuatoriana del precedente judicial, que a la vez se nutra de la experiencia comparada y refleje la identidad constitucional, a largo plazo. En tal sentido, cada decisión debe ser vista como un bloque que se asienta sobre los previamente colocados y sustenta los que vengan en el futuro.

Si bien, en la actualidad, la cultura del precedente no se ha afianzado del todo en la práctica del derecho constitucional ni en los distintos niveles de la administración de justicia. En el Ecuador, no es menos cierto que con la creciente frecuencia las partes intervinientes en procesos correspondientes a garantías jurisdiccionales invocan la supuesta observancia o inobservancia de los precedentes establecidos en las decisiones emitidas por la Corte Constitucional como mecanismo de argumentación para sustentar sus cargos.

Dicha problemática ha motivado al Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional a elaborar y poner a disposición del foro jurídico una herramienta didáctica y sistematizada de criterios jurisprudenciales establecidos en las decisiones más relevantes a través de las cuales la Corte orienta la oportuna utilización del precedente judicial.

A través de esta guía se abordará la naturaleza jurídica del precedente en sentido estricto, los tipos de precedente judicial existentes en el sistema jurídico ecuatoriano, los efectos derivados de su inobservancia, las formas a través de las cuales dichos precedentes pueden verse afectados, y las garantías jurisdiccionales idóneas para reclamar su incumplimiento.

Esperamos que el presente trabajo contribuya en la generación de competencias para la utilización del precedente judicial como fuente del argumento, tanto para las y los profesionales del derecho, como para las y los operadores de justicia. De igual forma, estamos seguros de que este trabajo servirá como una herramienta de referencia y estudio en el ámbito académico.


Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional.