Reseña

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establecida en Palermo en el año 2000, simboliza un punto de inflexión significativo en la lucha global contra la corrupción y el crimen organizado. Reconociendo la naturaleza transnacional de estos delitos y la necesidad imperante de una acción coordinada entre Estados, esta convención representa un compromiso conjunto hacia una respuesta global y cohesiva. Con la promoción de la cooperación internacional y la armonización legislativa, así como el reforzamiento de las estructuras institucionales, la Convención de Palermo sienta las bases necesarias para fortalecer la confianza en el sistema judicial y garantizar la seguridad y justicia en nuestras sociedades.
En Ecuador, la situación es particularmente crítica. Un creciente aumento de la violencia y el terrorismo con tintes transnacionales ha sumido a la población en un ambiente de zozobra e inseguridad. La progresiva participación del crimen organizado en actividades ilícitas, especialmente en el narcotráfico, ha desencadenado conflictos de poder y enfrentamientos por el control de territorios estratégicos. Ante esta compleja situación, el gobierno ha adoptado medidas extraordinarias, como la expedición del Decreto Ejecutivo No. 111 en enero de 2024, que reconoce la existencia de un conflicto armado interno y designa a varios grupos criminales como organizaciones terroristas. Esta crisis exige una respuesta integral y coordinada para contrarrestar los desafíos del crimen organizado y proteger la integridad de la nación.
Ecuador se encuentra en una encrucijada histórica en su lucha contra dos de los mayores flagelos que han asolado su estabilidad y desarrollo: la criminalidad organizada y la corrupción. Estas problemáticas no solo han amenazado la seguridad y el bienestar de la población, sino que también han erosionado la confianza en las instituciones públicas y debilitado la democracia y el Estado de derecho. En respuesta a esta crisis, el país ha adoptado una postura decidida y firme, demostrando un compromiso inquebrantable en la aplicación de la justicia sin tregua.
Las acciones contundentes realizadas en los últimos meses, como el desmantelamiento de organizaciones criminales y la incautación de grandes cantidades de drogas, han demostrado que Ecuador no está dispuesto a permitir la impunidad. La creación de la Fiscalía de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT) y la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado refuerzan significativamente su capacidad para enfrentar estos delitos complejos. Estas instituciones, ubicadas en Quito y con competencia nacional, representan hitos cruciales en la estrategia integral del país.
Asimismo, el procesamiento de autoridades de alto rango implicadas en corrupción subraya el compromiso de actuar sin miramientos respecto al estatus de los involucrados, un paso esencial para restaurar la confianza en el sistema judicial y las instituciones públicas. Pese a algunos desafíos prácticos, como la logística adicional para defensores y acusados trasladarse a la capital, la Corte Constitucional ha respaldado estas medidas como compatibles con principios fundamentales de derecho. No obstante, es vital que Ecuador continúe refinando su enfoque para garantizar que todos los ciudadanos reciban un juicio justo.
En esta obra, exploramos no solo los recientes avances y logros en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en Ecuador, sino también las estrategias y colaboraciones necesarias para fortalecer estos esfuerzos. Nuestro objetivo es ofrecer una visión integral de la situación actual y las acciones emprendidas, proporcionando una hoja de ruta hacia un futuro más seguro, justo y próspero para todos los ecuatorianos.