Reseña

A nivel mundial, el agua es considerado un recurso esencial y muy necesario para la vida de todo organismo vivo y forma parte del eje estructurador del desarrollo humano, económico y ecológico. Su importancia trasciende el plano biológico para situarse en la dimensión cultural, social y política de las diferentes localidades, tomando mayor interés las regiones donde los ecosistemas son frágiles y estratégicos como lo es la amazonia ecuatoriana. Este sector es hogar de múltiples pueblos indígenas y comunidades campesinas, enfrenta desde hace ya varias décadas una presión creciente por la actividad petrolera, generando escenarios de tensión constante entre la explotación económica de los recursos naturales y la necesidad de garantizar la seguridad hídrica de la población.
Los derrames continuos de hidrocarburos constituyen una de las amenazas más graves del equilibrio, especialmente en zonas de conservación. A diferencia de otros contaminantes, los combustibles líquidos poseen una alta capacidad de dispersión en cuerpos de agua y su degradación natural es lenta, implicando que sus impactos perduren en el tiempo y se acumulen en el ambiente. Cuando un cuerpo de agua resulta contaminado, las repercusiones abarcan desde la pérdida de acceso al agua segura hasta la alteración de sistemas económicos locales como la agricultura, pesca, turismo y los servicios.
El caso del derrame ocurrido en julio de 2025 en la microcuenca del río Cristal, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, constituye un ejemplo emblemático de la vulnerabilidad estructural de los sistemas de agua potable amazónicos. Con un volumen estimado de 340 barriles de gasolina vertidos, el evento puso en riesgo directo a más de 4.900 personas y obligó al municipio a implementar medidas emergentes de abastecimiento mediante tanqueros. Los resultados de las tres campañas de monitoreo realizadas (julio, agosto y septiembre de 2025) confirmaron concentraciones elevadas de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y compuestos aromáticos policíclicos (HAPs), superando los límites permisibles de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1108:2018. Estos hallazgos evidencian una afectación ambiental y social que trasciende lo estrictamente técnico y se inserta en un conflicto mayor: la tensión entre la explotación de hidrocarburos y el derecho humano al agua.
Este problema es relevante debido a su multiplicidad de escalas en las que se expresa. A nivel global, los derrames de hidrocarburos ocurridos en varias regiones han dado paso a impactos devastadores sobre la biodiversidad y la salud humana. En estos escenarios, la ciencia ha sido clave en la provisión de metodologías para la estimación de áreas afectadas, cuantificación de pérdidas económicas y fundamentar procesos judiciales. A nivel del oriente ecuatoriano, los derrames hidrocarburíferos suman una larga historia de conflictos socioambientales donde varias comunidades locales e indígenas han demandado la reparación integral del daño, exigiendo a las autoridades el reconocimiento de los costos tangibles como los intangibles.
En el caso nacional, el Ecuador enfrenta un doble desafío. Por un lado, la dependencia económica de la renta petrolera que condiciona las decisiones estatales y municipales, generando incentivos para priorizar la continuidad operativa del OCP, SOTE y Poliducto sobre la prevención de riesgos. Por otro lado, el marco jurídico partiendo de la Constitución, y el Código Orgánico del Ambiente y Código Orgánico del Ambiente donde se establecen obligaciones claras para garantizar la salud de la población y reparar los daños ambientales. Esta tensión entre la economía extractiva y la justicia ambiental convierte al caso de Gonzalo Pizarro en un laboratorio crítico para el diseño de políticas públicas y para la consolidación de la jurisprudencia ambiental del país.
Desde una perspectiva científica, este libro integra herramientas de la ingeniería ambiental, la economía ecológica y el derecho para ofrecer una metodología rigurosa de valoración del daño. La propuesta parte de un conjunto de ecuaciones matemáticas que modelan el área afectada, el nivel de daño ambiental, la pérdida de biodiversidad y la ineficiencia operativa del sistema de agua potable, vinculándolos con un modelo económico de costo social que incluye componentes de salud, agua, ingresos, educación, bienestar psicosocial y sectores productivos. Esta aproximación innovadora busca superar las limitaciones de estudios previos, que generalmente han abordado el problema desde ópticas parciales, sin integrar de manera sistemática lo ecológico, lo social y lo económico.
La presentación de este problema no puede desligarse de la dimensión social y cultural de la región amazónica. El cantón Gonzalo Pizarro y sus alrededores dependen de los cuerpos de agua no solo para el abastecimiento sino para los diferentes servicios ecosistémicos que brindan estos espacios naturales. El derrame en el río Cristal interrumpió las dinámicas sociales ocasionando no solo daños ambientales sino también alteración de la economía local basada en el turismo especialmente. Estos impactos secundarios son tan importantes como los directos, pues reflejan la fragilidad de los sistemas locales ante eventos de contaminación.
Esta problemática tiene una dimensión intergeneracional. El daño ambiental, aunque pueda ser parcialmente reparado, deja huellas a largo plazo en la salud de los ecosistemas y en la confianza de la población hacia las instituciones responsables. La ausencia de registros continuos de medios de verificación que muestren la calidad de agua potable como una competencia exclusiva refleja no solo deficiencias administrativas, sino también una deuda con generaciones futuras. En este sentido la sentencia derivada del caso constituye un precedente histórico: obliga a los responsables a compensar económicamente a los usuarios y a implementar medidas estructurales de prevención y monitoreo, sentando bases para que la ciencia se convierta en un insumo central de la justicia.
La relevancia de este trabajo radica, entonces en tres niveles: Primero, en lo científico, porque aporta varios modelos matemáticos integrales aplicables a otros contextos amazónicos globales. Segundo, en lo social, porque traduce impactos ambientales en costos sociales concretos, facilitando a los tomadores de decisiones como son los jueces y el concejo municipal analicen la información para la emisión de los criterios de manera más objetiva. Como último, en lo político, porque fortalece la gobernanza local y nacional al demostrar que la ciencia puede ser un instrumento de justicia.
El caso del derrame en la microcuenca del río Cristal en el cantón Gonzalo Pizarro, ha puesto en evidencia una verdad fundamental: ningún enfoque aislado resulta suficiente para comprender, medir y gestionar un desastre ambiental de esta magnitud. La ciencia, con su capacidad de observación, monitoreo y modelación matemática, ofrece el marco para dimensionar el área de afectación, estimar la dispersión de los contaminantes y proyectar escenarios de recuperación ecológica. La economía, por su parte, convierte los impactos en métricas tangibles de costo social, traduciendo la pérdida de biodiversidad, la interrupción de servicios básicos, el cierre de actividades productivas y los efectos en la salud y la educación en montos comprensibles y comparables en el tiempo. La justicia ambiental actúa como el puente que transforma la evidencia técnica de decisiones vinculantes, asegurando que la reparación sea proporcional, efectiva y equitativa.
Integrar estos tres pilares no es un ejercicio retórico, sino una necesidad práctica. Sin la ciencia, la justicia carece de evidencia; sin la economía, los datos científicos no se traducen en indemnizaciones concretas; y sin la justicia, tanto ciencia como economía permanecen en el terreno de la recomendación sin fuerza ejecutoria. La intersección entre estos campos permite construir un lenguaje común que fortalece la gobernanza ambiental y dota a las autoridades locales de insumos robustos para la toma de decisiones.
En este sentido, la metodología desarrollada en esta investigación basada en ecuaciones matemáticas, simulaciones en RStudios y análisis de valor presente de los costos sociales busca demostrar que la ciencia aplicada puede y debe integrarse en el campo judicial y político. No se trata solo de calcular un área afectada o un costo social, sino garantizar que los datos sean útiles para la sentencia de un juez, la planificación de un concejo municipal y la reparación de una comunidad afectada. Esta integración es lo que le da a la investigación u carácter innovador y su relevancia más allá de los estrictamente académico.
Este libro es fruto de un proceso colectivo, trascendiendo la labor de los investigadores. La sistematización de datos, la construcción de modelos matemáticos y a interpretación de los resultados fueron posibles gracias a la colaboración de instituciones públicas, equipos técnicos, y comunidad local, las cuales, desde el inicio, compartieron información, experiencias y preocupaciones legítimas frente al derrame ocurrido.
Los autores agradecen en primer lugar a los habitantes del cantón Gonzalo Pizarro, quienes, a pesar de sus dificultades derivadas de la contaminación del agua, mantuvieron la disposición para aportar datos sobre la afectación real en la salud, la economía doméstica y la vida comunitaria. Sin su testimonio y su resiliencia, este trabajo carecería de anclaje social.
Se reconoce también el trabajo de los técnico y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gonzalo Pizarro, cuyos informes fueron la base empírica para la construcción de los modelos matemáticos. El procesamiento de los datos en RStudios y el desarrollo de las proyecciones económicas no hubieran sido posibles sin rigurosidad de estas mediciones iniciales.
Se agradece a las autoridades judiciales y municipales que han demostrad apertura para considerar la ciencia como insumo de toma de decisiones. Su disposición para escuchar y debatir evidencia técnica contribuye un paso esencial hacia la consolidación de la justicia ambiental en el Ecuador.
Como autores, asumimos plenamente que este libro no pretende ser una conclusión definitiva, sino un punto de partida. Las metodologías aquí propuestas deben ser puestas a prueba, replicadas y mejoradas en otros contextos. Lo que sí queda claro es la urgencia de contar con herramientas que permitan traducir el daño ambiental en lenguaje comprensible para la justicia y la política, y de este modo garantizar que la reparación no sea un concepto abstracto, sino una realidad para las comunidades afectadas.