Proyectos de Inversión en la Agroindustria Ecuatoriana
Antecedentes históricos de las inversiones
Ecuador ha sido muy variable en el aspecto democrático, ha sufrido altibajos, en la mayor parte de su historia, afectando el ámbito político, social y económico. El latifundismo se desarrolló al punto de protagonizar el poder político y establecer sus intereses para dominar el aparato estatal, a su vez surgieron tres grandes auges de productos agrícolas como el cacao, banano y petróleo, con los que el Ecuador abrió sus puertas al comercio exterior, y que se reflejaron en el incremento del recurso financiero y el establecimiento de modelo primario agro-exportador (Arcos García &
Escalante Flores, 2009).
La actividad comercial se beneficia debido a la situación geográfica del país que facilita la actividad comercial tanto a nivel nacional como internacional, manteniendo desde sus inicios, estrechos vínculos comerciales con países vecinos y con algunos del viejo continente, entre los que podemos destacar a Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos,
España, Francia, Inglaterra (Ayala Mora, 2008).
Inversión en el Ecuador.
La tendencia mundial hacia la globalización y apertura de mercados ha provocado que nuestro país tome medidas de acción para modernizar su economía, entre las cuales, son de gran importancia: el tratamiento a la inversión y la captación de recursos financieros del exterior, vía inversión extranjera directa, orientada a dinamizar la economía nacional y a la generación de una creciente corriente de bienes y servicios tanto para el mercado interno como para el internacional; lo que a su vez, crea fuentes de trabajo para regular el problema de desocupación y subocupación (Pareja Diezcanseco, 2008).
Es por esto que el Ecuador, a través de un marco legal, busca promocionar un clima de inversión favorable, proporcionando seguridad al inversionista extranjero para la colocación de su capital en el país. La Constitución Política promueve la inversión
privada en la economía, garantiza la libertad de las empresas y obliga al Estado a estimular la libre competencia y los mercados competitivos. Por otro lado se permite que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, del sector privado, mediante la concesión o la privatización de empresas estatales, adquieran responsabilidades en temas como la construcción y manejo de obras públicas de carreteras, puertos, entre otros, y el abastecimiento de los servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones; los mismos que en la actualidad son manejados por el Estado (Arcos García & Escalante Flores, 2009).