Reseña

Especial atención se ha dado en esta Segunda Edición a la “Impugnación de las resoluciones de la Contraloría General del Estado”, para lo cual, se cita las disposiciones y leyes concordantes en relación con la Ley y su Reglamento vigentes en la Contraloría General del Estado, recogiendo además, las sentencias expedidas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, respecto de la institución de la caducidad, prevista en la Ley; referente a dos disposiciones normativas que claramente están destinadas a normar dos situaciones distintas que corresponden a las competencias del órgano de control; en efecto, la disposición contenida en el artículo 26 de la LOCGE que dice relación a la caducidad de la facultad de control, en tanto que, la norma prevista en el artículo 71 de la misma Ley, hace relación a la caducidad de la competencia de la Contraloría para determinar responsabilidades culposas, administrativas o civiles, en contra de los servidores públicos que hayan incurrido en las desviaciones detectadas, en otras palabras, esta caducidad hace relación a la competencia de la Contraloría para el ejercicio de la competencia o potestad sancionadora en el ámbito del establecimiento de responsabilidad administrativa o civil; es decir, si los informes han sido emitidos fuera de los tiempos previstos en la Ley, su emisión se refuta realizada por autoridad incompetente en razón del tiempo, generando un vicio de legalidad que es concebido por la doctrina y por la jurisprudencia como inexistente o nulo, por lo que, un informe extemporáneo no puede servir de sustento para la generación del procedimiento administrativo sancionatorio de responsabilidades.
Finalmente, los ciudadanos tendrán una guía práctica para reclamar, contradecir e impugnar en sede administrativa como judicial, los actos administrativos que afecten sus derechos subjetivos, provenientes como consecuencia del abuso del poder y de las arbitrariedades emanadas de la autoridad pública, conforme lo dispone el Art. 173 de la Constitución de la República del Ecuador.