Reseña

“No se trata de una gran obra de infraestructura civil, ni de tecnología avanzada. Se trata de la unidad más pequeña de la política pública: el trámite.” BID. El fin del trámite eterno. 2018

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, el cual se estructura sobre la base de una serie de garantías destinadas a alcanzar el reconocimiento y protección de la dignidad del ser humano, que se manifiesta a través del ejercicio de los derechos incorporados tanto en la carta fundamental como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese contexto, el derecho a la propiedad se constituye en un mecanismo para alcanzar la satisfacción de necesidades, que han sido calificadas como prioritarias, para el desarrollo de la dignidad de la persona que debe rodearse de un entorno que le brinde estabilidad y seguridad jurídica.

Los Registros de la Propiedad son instituciones clave para la paz social y el desarrollo económico, social y cultural de un Estado. Su objetivo principal es establecer y asegurar los derechos de propiedad y uso de inmuebles, brindando certidumbre y transparencia en la titularidad de los derechos reales. Tienen la responsabilidad de ser custodios incuestionables de la historia inmobiliaria de cada cantón/ territorio, de salvaguardar la seguridad jurídica y de brindar publicidad registral sobre títulos y documentos, que contengan actos y contratos que tienen como objeto el ejercicio del derecho a la propiedad sobre bienes inmuebles. Su correcto manejo será un catalizador en la promoción de derechos fundamentales de las personas, fomentará las inversiones, la productividad y el crecimiento económico.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la protección de los derechos de propiedad en una economía es una condición sine qua non para su crecimiento y prosperidad.

Mientras mayor certeza existe en torno a los derechos de propiedad, más robusto será el incentivo para trabajar, ahorrar e invertir; más eficiente el funcionamiento de la economía. Por añadidura, se genera mayor confianza y facilidad de acceso para la inversión y el crédito, así como para el desarrollo de innovaciones. Entonces, un sistema eficiente de protección de los derechos de propiedad contribuye a garantizar el rendimiento de las inversiones, generando crecimiento económico y contribuyendo al desarrollo social.
El Estado ecuatoriano tiene el deber de garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad, para lo cual se rediseñó en la Constitución de 2008, el funcionamiento de los 221 registros de la propiedad, a escala nacional, con la creación del Sistema Público Registro de la Propiedad (SIPREP), en el cual se integran una serie de competencias técnicas, jurídicas y tecnológicas destinadas a la regulación y promoción del derecho de propiedad, a través de los servicios registrales, cuya administración es encargada de forma concurrente a la Función Ejecutiva mediante la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP) y a los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, corresponde a la DINARDAP diseñar, elaborar y promover normativa, directrices y políticas para la administración eficiente, la regulación y el control de las actividades registrales inmobiliarias, propiciando un sistema homogéneo, que persiga de manera permanente estándares de excelencia y calidad en el servicio brindado a la ciudadanía.

Con dicha finalidad, se elaboró la “Primera Evaluación del Sistema Público Registro de la Propiedad”, mediante la cual se obtuvo el diagnóstico de las condiciones generales y realidades particulares de 221 Registros de la Propiedad y Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil, orientados por estándares internacionales, por experiencias regionales y en el marco de los objetivos programáticos nacionales.

El presente documento expone las condiciones existentes en la realidad ecuatoriana, las cuales deben ser investigadas, analizadas y evaluadas con miras a proponer soluciones de mejora que apuntalen un desarrollo local y nacional integral, partiendo de modelos mínimos que se orienten a promover óptimas condiciones en los registros de la propiedad plasmados en última instancia en procesos de innovación bajo esquemas de gobierno digital.

La DINARDAP entrega a los municipios del país, a los registradores, funcionarios registrales y ciudadanía, una investigación inédita en el contexto nacional, la cual cumple parámetros de representatividad, validez muestral, rigurosidad técnica y transparencia en el manejo de datos, donde se incluyen los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Capacidades Registrales e Índice Registral de Resiliencia 2020. De igual manera, se presenta un primer análisis de resultados en las tres dimensiones consideradas: servicio civil eficiente, capacidades tecnológicas y organización eficiente.

Partiendo de condiciones existentes y problemáticas identificadas, se ha diseñado y propuesto la mejora integral para el sistema público registral del Ecuador. El plan macro se compone de Planes de Mejora de la Gestión Registral, en los que se han identificado los ámbitos en que los registros pueden realizar progresos precisos y de gran repercusión, definen objetivos generales y específicos, así como plantean una hoja de ruta, que les permite trabajar de forma progresiva para afianzar la eficiencia, eficacia y optimización de los servicios registrales del Ecuador.

Además, esta primera línea base del sistema registral del Ecuador nos ha permitido elaborar esquemas de incentivos como el Ranking de Resiliencia, que reconoce a aquellos registros que afrontaron con liderazgo e innovación el reto de transformarse digitalmente, para contribuir al cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico impuestas por la pandemia y que al mismo tiempo aportaron de forma decidida a la reactivación de la economía ecuatoriana.

Esperamos que el presente documento se constituya en fuente de consulta, en tanto instrumento técnico que integra múltiples dimensiones de análisis, guiando el actuar uniforme y coordinado de todos los actores del sistema registral, y nos permita simplificar los trámites, volverlos más accesibles a la población de los distintos territorios, reduciendo brechas y eliminando barreras, con el desarrollo de canales alternos que involucren tecnologías de la información y comunicación, generando entornos más equitativos, una atención de calidad y el respeto de los derechos del ciudadano.